El reciente anuncio —recogido en un artículo de A Ver Qué Sale— marca un punto de inflexión en la política económica cubana: el Banco Central de Cuba autorizó a diez empresas - nueve mipymes y una mixta- a utilizar criptomonedas para pagos. Esta decisión refleja un intento del Gobierno por adaptarse a nuevas dinámicas financieras internacionales en medio de una economía fuertemente restringida y con dificultades para acceder al sistema bancario global.

La medida, formalizada en la Resolución 4/2026, permite exclusivamente el uso de activos digitales en operaciones internacionales, es decir, pagos transfronterizos, y no dentro del mercado interno cubano.

Además, las empresas deberán operar únicamente a través de proveedores autorizados y bajo estricta supervisión estatal, con reportes periódicos al banco central, lo que evidencia que, aunque hay una apertura, el control institucional sigue siendo determinante.

En la práctica, el uso de criptomonedas podría facilitar el comercio exterior de las mipymes cubanas, especialmente en un contexto donde las sanciones y limitaciones financieras dificultan las transferencias tradicionales. Activos como las stablecoins —vinculadas al dólar— se perfilan como herramientas clave para reducir la volatilidad en transacciones internacionales, aunque no eliminan completamente los riesgos asociados  .

No obstante, la iniciativa también plantea desafíos importantes: la volatilidad de muchas criptomonedas, la necesidad de conocimientos técnicos y los riesgos de seguridad financiera obligan a una implementación cuidadosa. Asimismo, el carácter restringido de la autorización —limitada a solo diez empresas— sugiere que el Gobierno está probando este mecanismo de forma gradual antes de ampliarlo al resto del sector privado.

En conjunto, esta medida se inserta en un proceso más amplio de reformas económicas en Cuba, donde el Estado busca abrir espacios al sector no estatal sin perder el control central.

De esta manera, el uso de criptomonedas aparece así como una solución pragmática ante el aislamiento financiero, pero también como un experimento regulado que podría redefinir el papel de las finanzas digitales en la isla.