Las empresas privadas cubanas podrán ampliar considerablemente sus plantillas y superar el límite de 100 trabajadores, una de las principales novedades introducidas por el Decreto Ley 133, publicado el pasado miércoles en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 71. 

 
La información fue publicada por el periódico Trabajadores y subraya que la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (Inaene), Lázara Mercedes López Acea, explicó que la nueva disposición busca eliminar obstáculos que hasta ahora limitaban el desarrollo de las diferentes formas de gestión no estatal en el país.

El cambio abre nuevas posibilidades para negocios que desarrollan actividades productivas o de servicios cuya naturaleza exige contar con una mayor cantidad de trabajadores. Pero no se trata de la única flexibilización.

De acuerdo con López Acea, la normativa también reduce requisitos, trámites y plazos vinculados con la creación y funcionamiento de las empresas privadas. Además, permite que quienes ya poseen una empresa puedan ampliar sus actividades hacia otros negocios afines, siempre que mantengan aquella que dio origen a la entidad.

Otro de los cambios que podría ampliar el margen de actuación de estos negocios es la posibilidad de incorporar como socios a cubanos que no residan en el territorio nacional, así como realizar directamente operaciones de exportación e importación.

El Decreto Ley 133 modifica las normas que regulan las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. También está acompañado por tres normas complementarias, procedimientos del Inaene y del Ministerio de Educación y una resolución del Banco Central de Cuba relacionada con sus servicios.

La disposición entrará en vigor siete días después de su publicación y, según explicó la presidenta, pretende otorgar a los actores económicos no estatales un papel más activo en la solución de necesidades y problemas desde los territorios.

López Acea destacó que las nuevas facilidades pueden favorecer una mayor participación de estas formas de gestión en las prioridades económicas y sociales del país, así como un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles.

El alcance real de estas modificaciones, sin embargo, dependerá de cómo sean implementadas en la práctica y de la capacidad de los nuevos actores económicos para aprovechar las posibilidades que abre el nuevo marco regulatorio.