¿Cuáles fueron los otros militares acusados junto a Raúl Castro?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al ex líder cubano y a cinco militares por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato en un incidente ocurrido en 1996 que resultó en la muerte de cuatro personas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos criminales contra Raúl Castro Ruz. Se le acusa por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en el año 1996. El fiscal general interino, Todd Blanche, destacó que esta es la primera acusación formal contra la alta dirección del gobierno cubano en casi 70 años por actos violentos que causaron la muerte de ciudadanos estadounidenses.
Junto a Castro, cinco militares de la Fuerza Aérea cubana enfrentan imputaciones. Sus expedientes se pueden consultar en el sitio web represorescubanos.com, una base de datos sobre figuras del gobierno cubano dirigida por Rolando Cartaya. Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), fue quien compartió esta información con Infobae.
La acusación formal se presentó ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida el pasado 23 de abril. Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. Estos hechos se relacionan con el operativo del 24 de febrero de 1996.
Ese día, cazas MiG de la Defensa Anti-Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) derribaron dos avionetas desarmadas de la organización Hermanos al Rescate. El incidente tuvo lugar sobre aguas internacionales del estrecho de Florida. Murieron cuatro ocupantes de las avionetas: Carlos Costa, Armando Alejande y Mario Manuel de la Peña, todos ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente legal. Los cuatro eran de origen cubano, y sus cuerpos nunca fueron recuperados.
El anuncio de los cargos se realizó en la Torre de la Libertad de Miami. Este lugar es un símbolo importante para la comunidad cubanoamericana en el exilio. La audiencia reaccionó con aplausos a las palabras del fiscal Blanche. Él reiteró la importancia histórica de la acusación contra altos mandos del gobierno cubano. Puede encontrar más información sobre las funciones del Departamento de Justicia en justice.gov/usao/press-releases.
La fecha del anuncio, cercana al 20 de mayo, tiene un peso simbólico. Se conmemora la independencia cubana de España en 1902. Esta fecha es de gran relevancia para la comunidad cubanoamericana en Miami.
Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, tenía 94 años en el momento del incidente. Él ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Esto lo situaba en la cima de la cadena de mando militar.
La acusación federal sostiene que Castro autorizó el uso de fuerza letal. Esto ocurrió tras los vuelos de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano en enero de 1996. El mandato fue dado a líderes militares para tomar ‘acción decisiva y letal’ contra las aeronaves. Este mandato desencadenó el operativo fatal del 24 de febrero.
La senadora de Florida, Ashley Moody, leyó los cargos durante el evento del Departamento de Justicia. Detalló las penas máximas: cadena perpetua para la conspiración para matar ciudadanos estadounidenses. La destrucción de aeronaves conlleva hasta cinco años adicionales de prisión. Cada uno de los cuatro cargos de asesinato puede resultar en pena de muerte o cadena perpetua. Blanche espera que Castro enfrente la justicia estadounidense.
Fidel Castro había declarado en su momento que las fuerzas armadas actuaban bajo ‘órdenes permanentes’. Negó que su hermano hubiera emitido una instrucción específica para disparar. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el incidente ocurrió en aguas internacionales. Esto contradijo la versión oficial de La Habana, que argumentaba violación de espacio aéreo y calificaba a los aviadores de ‘terroristas’.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió que los pilotos no recibieron advertencias antes de ser derribados. Más detalles sobre la labor de la CIDH se encuentran en oas.org/es/cidh/.
La investigación del caso comenzó a finales de los años 90. Sin embargo, Castro nunca había enfrentado una acusación formal. Diversas administraciones estadounidenses evitaron proceder judicialmente contra una figura de tan alto nivel. Esto se debía a las posibles implicaciones diplomáticas. La situación cambió con el endurecimiento de la política exterior de Donald Trump hacia La Habana.
La Casa Blanca intensificó las sanciones económicas. También aumentó la presión política y reforzó el apoyo a sectores del exilio cubano. Estos grupos pedían desde hace años una acusación contra Castro.
El lunes anterior al anuncio, el Departamento del Tesoro incluyó en listas negras a varios ministros cubanos y altos mandos militares. Trump incluso sugirió la posibilidad de que Estados Unidos ‘tomara el control’ de Cuba. Sin embargo, al conocerse la acusación, minimizó la posibilidad de una acción militar. Declaró que el país se estaba desmoronando y era un desastre. Puede explorar las funciones del Departamento de Estado en state.gov/about-the-state-department/.
El ex fiscal federal Guy Lewis, involucrado en investigaciones del caso, calificó las pruebas como ‘contundentes’. Describió el derribo de las avionetas como ‘un homicidio premeditado y orquestado’.
José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente del operativo, expresó su dolor. Dijo que había vivido todos estos años viendo un crimen impune.
Los cinco militares imputados junto a Castro eran pilotos de la Fuerza Aérea cubana. Participaron o ejecutaron el operativo del 24 de febrero de 1996. La acusación federal detalla su entrenamiento. Desde al menos 1992 hasta abril de 1996, se prepararon para localizar, seguir y atacar aeronaves civiles pequeñas y lentas.
Orestes Pérez-Pérez, con 74 misiones de combate y más de 1.000 horas de vuelo en aviones MiG-29, disparó misiles aire-aire. Lo hizo contra las avionetas con matrícula N2456S y N5485S. Los ataques ocurrieron a las 3:21 p.m. y 3:28 p.m. del 24 de febrero de 1996. Los derribos sucedieron en aguas internacionales mientras las aeronaves se alejaban de Cuba, sin advertencia previa.
El teniente coronel Emilio José Palacio Blanco, conocido como ‘El Narizón’, pilotó un MiG-23ML. Escoltó al MiG-29 de los hermanos Pérez-Pérez durante la operación. Despegó desde la base de San Antonio de los Baños a las 3:00 p.m. del 24 de febrero de 1996.
José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas conformaron la segunda pareja de cazas. Despegaron desde San Antonio de los Baños con la misión de destruir la tercera avioneta de Hermanos al Rescate. Esa aeronave transportaba al fundador de la organización, José Basulto. Volaban en un biplaza MiG-23 UB 704.
La acusación federal especifica que ambos, junto a González-Pardo Rodríguez, estaban listos para despegar. Escucharon por radio las solicitudes de autorización para destruir las aeronaves. También escucharon la autorización concedida y la confirmación de los derribos.
La avioneta de Basulto no fue impactada. El piloto se ocultó entre las nubes. Cuando los ubicaron de nuevo, la aeronave se aproximaba al espacio aéreo estadounidense. Por ello, se les negó la autorización para disparar.
El quinto acusado, el teniente coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, emigró a Estados Unidos a fines de abril de 2024. Se encontraba a bordo del MiG-29A 911. Estaba en la segunda pareja de cazas con la misión de destruir la avioneta de Basulto. El documento judicial incluye una fotografía de González-Pardo Rodríguez junto a Pérez-Pérez.
Este caso, que ha esperado décadas para una imputación formal, subraya la persistencia de la búsqueda de justicia. La acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos representa un hito significativo en la memoria histórica y en la exigencia de rendición de cuentas por actos que causaron la pérdida de vidas.
Redacción asistida por Centauro IA , plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Lombao Estudios
Fuente: Infobae
