El Gobierno de Cuba expresó su rechazo a la incautación por parte de Estados Unidos de más de dos millones de litros de biodiésel que, según indicó, habían sido adquiridos por entidades estatales y privadas y se encontraban en tránsito hacia la isla a través de aguas internacionales.

Las críticas fueron formuladas por el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, quien describió la actuación como un acto de "piratería y pillaje".

Según sus declaraciones, la medida se produce en momentos en que el país busca garantizar su abastecimiento de combustible en medio de crecientes restricciones.

Detalles de la incautación

El pronunciamiento tuvo lugar tras la incautación de 600.000 litros de biodiésel, una decisión anunciada por autoridades estadounidenses el miércoles.

Fernández de Cossío sostuvo que la importación de combustibles por parte de entidades cubanas "desde cualquier país es legal, conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional".

El vicecanciller argumentó que las operaciones comerciales relacionadas con la compra y transporte de hidrocarburos se desarrollan dentro del marco legal vigente. Asimismo, señaló que las advertencias de represalias contra gobiernos o empresas que cooperen energéticamente con Cuba constituyen la principal controversia jurídica asociada a este proceso.

De acuerdo con información divulgada por organismos de seguridad de Estados Unidos, los cargamentos estaban destinados a ENETEC S.A., empresa distribuidora de combustibles con sede en La Habana y que se encuentra afectada por las medidas coercitivas unilaterales de Washington.

Las investigaciones estadounidenses señalaron además que funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectaron embarques de biodiésel procedentes de Port Everglades, en Florida, y del Puerto de Houston, con destino final a la capital cubana.

Impacto en el país

La reducción de los suministros energéticos continúa impactando diversos sectores del país. Entre las consecuencias señaladas se encuentran los apagones diarios, las dificultades en el transporte, las afectaciones a servicios médicos y educativos, así como un aumento de las limitaciones en el acceso a alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.

(Con información de teleSUR)