La política migratoria de la administración Trump ha alcanzado un nuevo nivel de crudeza. En lo que va de año, más de 23.000 personas han sido deportadas a 26 países, pero el caso de Liberia revela una práctica particularmente despiadada: el traslado forzoso de migrantes latinoamericanos a un país africano del que nunca habían oído hablar, con el que no tienen ningún vínculo y cuyo idioma desconocen.

C., un venezolano de 36 años, es uno de ellos. Llevaba cinco años viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos cuando, sin previo aviso, fue embarcado en un vuelo chárter con destino a Monrovia, la capital liberiana. "Me enteré de que sería deportado a África apenas unas horas antes del vuelo. Nadie me lo notificó; lo descubrí yo mismo por casualidad", relata al diario El País desde un hotel en Marshall, a 50 kilómetros de la capital.

Una cadena de deportaciones sin precedentes

Entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026, el gobierno de Donald Trump ha firmado acuerdos de traslado con más de 35 países de África, Asia y América. En ese mismo período, ha deportado a más de 23.000 personas a 26 naciones, según Human Rights First y Refugees International. Más de 300 detenidos han sido llevados a 14 países de África, entre ellos Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Esuatini y Sudán del Sur.

Lo más alarmante, señalan las organizaciones, es que entre los expulsados hay personas con situación migratoria regularizada y con protección contra la repatriación forzada a sus países de origen, como C. y A., dos venezolanos que contaban con esta salvaguarda por ser opositores políticos.

"Como opositor político, arriesgué mucho en mi último año allá. Huí de Venezuela porque estuve a punto de que me mataran", cuenta C. Una vez en EE.UU., obtuvo un permiso de residencia temporal con renovación anual que le permitía trabajar legalmente. Pero en diciembre de 2025, una visita rutinaria a inmigración terminó en ocho meses de detención administrativa y, finalmente, en su deportación a Liberia.

"Nos tuvieron encadenados durante todo el viaje"

A., otro venezolano de 45 años, también fue detenido durante una visita rutinaria a inmigración. Su esposa, que también contaba con protección contra la deportación, fue liberada. Él, no. Tras meses de traslados entre centros de detención —"lugares sucios, llenos de ratas"—, fue embarcado rumbo a África.

"Cuando llegamos frente al avión intenté resistirme, pero el agente me frenó de inmediato: 'O te subes colaborando o te subimos a la fuerza'. Apenas nos sentamos adentro, todos rompimos a llorar. Nos tuvieron encadenados de pies y manos durante todo el viaje", relata A.

W., un hondureño de 40 años, fue deportado a Liberia por segunda vez bajo la administración Trump. La primera, a Honduras. Ahora, en un país del que solo conoce el interior del hotel donde lo alojan, se pregunta: "¿Qué había pasado con el EE.UU. que yo conocía, el país donde me sentía libre y seguro para vivir y salir con mis hijos?".

Los acuerdos opacos de Trump

Según información recogida por El País, el gobierno de Trump ha gastado más de 40 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para firmar estos acuerdos, que suelen ser opacos y no se hacen públicos. La estrategia combina la presión diplomática y económica: amenazas de aranceles, sanciones y restricciones de visados, con la promesa de ayudas e inversiones.

Liberia no ha sido la excepción. Después de que el gobierno de Joseph N. Boakai aceptara recibir deportados, Washington extendió la validez de los visados de negocios y turismo para los ciudadanos liberianos de 12 a 36 meses, y se comprometió a destinar 124 millones de dólares al sector sanitario del país. También accedió a proporcionar cinco millones de dólares para la gestión de los ciudadanos de terceros países trasladados desde EE.UU.

Un limbo en la costa africana

Los deportados permanecen alojados en un hotel en Marshall, donde, según relatan, han recibido una "buena acogida" y pueden entrar y salir libremente. Pero la incertidumbre los consume. C. no pudo ver nacer a su hijo, que ahora tiene cinco meses. A. teme que el ICE detenga también a su esposa y sus hijos queden desamparados.

"Yo ya no quiero vivir en EE.UU. Prefiero pedir asilo en Europa y llevarme a toda mi familia. Lo lograron: me quitaron el deseo de volver", confiesa A. con la voz quebrada. Su hija, cuenta, está en terapia. "Siempre me pregunta: 'Papá, ¿por qué estás allá? Tú no hiciste nada'".

(Con información de El País)