Un incendio masivo en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong, dejó este jueves un saldo preliminar de 128 fallecidos, decenas de heridos, centenares de desaparecidos y un escándalo de seguridad que sacude a toda la región.

El fuego comenzó el miércoles en unos andamiajes de bambú instalados como parte de proyectos de renovación, y se propagó rápidamente por siete de las ocho torres del complejo, que alberga cerca de 4.600 residentes. El uso de materiales inflamables como poliestireno en las fachadas y la falla de los sistemas de alarma aceleraron el desastre.

Las labores de rescate concluyeron tras más de 48 horas intensas: al menos 39 víctimas han sido identificadas oficialmente, mientras los cuerpos restantes siguen en proceso de reconocimiento. Las autoridades han detenido a 11 personas vinculadas a la constructora responsable de las obras por “negligencia grave” e “homicidio involuntario”.

Ante la tragedia, cientos de voluntarios se unieron a los equipos de auxilio, y el gobierno local prometió impermeabilizar ayudas —como alojamiento, compensaciones económicas y revisión urgente de normativas de construcción— para las familias afectadas.

El siniestro ha abierto de nuevo un debate, no solo sobre la seguridad edilicia en Hong Kong, sino sobre la responsabilidad de autoridades, reguladores y constructoras. Organismos ciudadanos y partidos políticos reclamaron una investigación transparente y reformas inmediatas en los permisos de renovación y control de materiales.

Mientras la ciudad llora uno de sus peores desastres habitacionales en décadas, las preguntas sobre negligencia, corrupción y fallos estructurales se multiplican. Para muchos residentes, la urgencia ahora es garantizar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.