El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea vender o transferir a otras agencias federales siete de los 11 almacenes industriales que compró durante el último año para convertirlos en centros de detención de inmigrantes, según reveló The New York Times. La decisión supone un giro significativo respecto a un proyecto que ya había costado cerca de 1.000 millones de dólares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que dará prioridad al uso de instalaciones ya existentes, operadas en colaboración con gobiernos estatales y locales, en lugar de seguir adelante con la mayor parte de los proyectos de reconversión de almacenes.

La decisión representa un revés para la llamada Iniciativa de reestructuración del sistema de detención del ICE, un plan valorado en 38.000 millones de dólares que aspiraba a consolidar el actual sistema de más de 200 centros de detención en una red más reducida de 34 instalaciones propiedad del Gobierno federal.

Resistencia local y obstáculos legales

La conversión de almacenes industriales en complejos para albergar a cientos o miles de personas resultó más complicada y costosa de lo previsto. Comunidades de Michigan, Nueva Jersey, Maryland, Georgia y Utah cuestionaron los proyectos, alegando posibles impactos sobre los servicios públicos, la infraestructura local y el medio ambiente. Varios jueces ordenaron suspender o limitar los trabajos mientras se evaluaba si el Gobierno había cumplido con los requisitos federales de revisión ambiental.

En Romulus, Michigan, la fiscal general Dana Nessel celebró la decisión de desprenderse de la instalación y atribuyó el desenlace a la presión ejercida por la comunidad y los tribunales. En Maryland, un juez bloqueó temporalmente las obras en una instalación adquirida por cerca de 100 millones de dólares.

Investigación y revisión de la estrategia

El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación para determinar si el programa respondía a una necesidad operativa real y si se estaba ejecutando de manera eficiente. La revisión de la estrategia comenzó después de la salida de Kristi Noem y la llegada de Markwayne Mullin al frente del DHS.

Según documentos obtenidos por The New York Times, la agencia planea desprenderse de instalaciones ubicadas en Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Georgia y Utah, mientras mantiene en marcha otros cuatro proyectos en Texas, Arizona y Maryland.

(Con información de El País)