El gobierno estadounidense solicita a un juez que rechace la moción para desestimar los cargos de narcoterrorismo contra el derrocado presidente venezolano y su esposa, argumentando que la negativa a financiar su defensa con fondos del Estado no viola sus derechos constitucionales.

Fiscales federales de Estados Unidos instaron a un juez a denegar la solicitud del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores para desestimar los cargos de narcoterrorismo que enfrentan, al considerar que el gobierno estadounidense no ha obstaculizado su derecho a la defensa.

En un documento presentado ante el tribunal el viernes por la noche, los fiscales calificaron como "extraordinaria" la petición de los acusados de que Venezuela financie su representación legal, y argumentaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sí otorgó una licencia a Maduro y Flores para acceder a sus fondos personales en el país sudamericano.

El núcleo del conflicto legal

La defensa de Maduro y Flores había presentado el mes pasado una moción para desestimar la acusación, alegando que el gobierno de EE.UU. violó sus derechos constitucionales al negarse a otorgar licencias que permitieran al gobierno venezolano pagar sus honorarios legales. Los abogados sostuvieron que las autorizaciones iniciales fueron revocadas horas después de ser concedidas.

Los fiscales responden ahora que la OFAC denegó específicamente la solicitud de una excepción adicional: permitir el pago con fondos discrecionales controlados por un gobierno sancionado. Explican que las regulaciones de la OFAC prohíben expresamente utilizar recursos de entidades sancionadas para costear la defensa de otras personas también sancionadas.

"La denegación de dicha solicitud por parte de la OFAC no significa, como sostienen los acusados, que el Gobierno haya interferido con su derecho a la defensa ni que haya violado sus derechos al debido proceso", señala el escrito fiscal.

El estatus de Maduro y su esposa

Los fiscales plantean además otro asunto jurídico complejo: si Maduro y Flores deben ser considerados líderes legítimos de Venezuela y, en consecuencia, qué beneficios o protecciones les corresponderían.

"Al menos desde la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio legítimo del Gobierno venezolano, ya que no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela", argumentan.

Los fiscales indicaron también que las licencias iniciales que permitían los pagos fueron un "error administrativo" y que desconocen cualquier caso anterior en el que la OFAC hubiera autorizado que un gobierno extranjero sancionado pagara los honorarios legales de otra persona sancionada.

El documento no se pronuncia sobre la posible solicitud de los abogados defensores de retirarse del caso si la moción es denegada. Maduro y Flores permanecen presos en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, acusaciones que ambos rechazan.

(Con información de CNN).