Más de 350.000 solicitudes de nacionalidad española presentadas en Cuba. Un contrato de 1,13 millones de euros para reforzar la tramitación. Y una asociación que pide anularlo. La conocida como "ley de nietos" enfrenta su mayor desafío administrativo en la isla, aunque por ahora no hay ninguna orden que paralice los expedientes ni que anule las nacionalidades ya concedidas.

Un contrato que levanta polvareda

El origen de la controversia está en el contrato firmado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Grupo Empresarial Palco, una empresa estatal cubana. España pagó 1.131.295 euros para que el Consulado de La Habana pudiera contar con personal adicional, ante la imposibilidad de gestionar más de 350.000 solicitudes.

El contrato, de cuatro años de duración, establece que el consulado “solo podrá disfrutar de los servicios de fuerza de trabajo” de ciudadanos cubanos o extranjeros residentes permanentes en el país, una vez que estos tengan una relación laboral previa con el Grupo Palco.

Una función soberana en cuestión

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) presentó el 28 de julio un escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos para solicitar la revisión y nulidad del contrato. Su argumento: el reconocimiento de la nacionalidad es una función soberana que debe permanecer en manos de funcionarios españoles, no de personal ajeno a la administración.

La asociación también cuestiona la interpretación de la ley, que según ellos amplió el universo de beneficiarios al incluir a descendientes de españoles que emigraron por razones económicas, cuando la norma estaba dirigida principalmente a exiliados políticos.

Sin efectos inmediatos

Las acciones de la ARVH no significan que la ley haya sido anulada ni que los expedientes pendientes queden automáticamente paralizados. En España, la legislación permite suspender un acto durante una revisión de oficio, pero esa decisión debe ser adoptada expresamente por el organismo competente.

El consulado de La Habana requirió un refuerzo sustancial por la gran cantidad de expedientes que gestionar a causa de la Ley de Memoria Democrática. Se estima que en Cuba hay alrededor de 350.000 trámites relacionados con esta ley.

(Con información de Infobae y El País)