OMC: Cuba denuncia sanciones de EEUU contra GAESA
Imagen generada con IA
Delegación cubana ante la OMC califica las medidas estadounidenses como 'nuevos actos de agresión' y una 'violación flagrante del Derecho Internacional', afectando las operaciones comerciales de empresas extranjeras en la isla.
La representación de Cuba ante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que vela por las reglas del comercio global, ha señalado a Estados Unidos por infringir el Derecho Internacional y las normativas del comercio multilateral. Esta denuncia se produce a raíz de la imposición de nuevas medidas restrictivas dirigidas contra el conglomerado militar GAESA y compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con el gobierno cubano.
José Ernesto Díaz Pérez, representante cubano ante la OMC, expresó su firme condena hacia las órdenes ejecutivas emitidas por la administración estadounidense, calificando estas acciones como 'nuevos actos de agresión contra el pueblo cubano'. Estas medidas impactan directamente en la economía de la isla, generando un clima de incertidumbre para las inversiones.
Durante su intervención, el diplomático cubano afirmó que el uso de la coerción con fines políticos representa una 'violación flagrante del Derecho Internacional'. Añadió que estas acciones no solo afectan a Cuba, sino que también repercuten negativamente en el sistema de comercio internacional, creando precedentes preocupantes para otras naciones.
Las acciones tomadas por Estados Unidos se enmarcan dentro de una estrategia de presión económica sobre sectores considerados clave para la economía cubana, como la energía, la minería, la defensa y los servicios financieros. El objetivo de Washington es reducir las fuentes de ingresos del gobierno cubano y, según su postura oficial, presionar para lograr cambios políticos en la isla.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aclarado que las sanciones no se aplicarán de manera automática a todas las empresas extranjeras que operan en Cuba. Sin embargo, advirtió que sí podrán ser objeto de penalización aquellas entidades vinculadas a actividades consideradas perjudiciales o que tengan una conexión directa con el aparato estatal cubano y GAESA, conforme a sus directrices publicadas en su sitio web.
La nueva normativa establece el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que las compañías extranjeras liquiden sus operaciones vinculadas con GAESA o empresas donde este conglomerado militar posea una participación significativa. Esto obliga a un reajuste considerable para aquellas empresas que tenían acuerdos comerciales de larga data.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la sanción directa impuesta a la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien preside GAESA desde el año 2022. Asimismo, se sancionó a Moa Nickel S.A., una empresa de gran importancia para el sector minero cubano, afectando su capacidad operativa y comercial.
El impacto económico de estas medidas ya se está manifestando de forma tangible, siendo la salida de la compañía canadiense Sherritt International un ejemplo notable. Sherritt ha sido un socio clave en la explotación de níquel y cobalto en Cuba, y su retiro representa un golpe significativo para la industria minera de la isla en los últimos tiempos.
El profesor Paolo Spadoni, especialista en economía cubana, comentó a Bloomberg que Estados Unidos 'ha hecho un trabajo increíblemente eficaz al atacar las fuentes de ingresos' del gobierno cubano. Señaló que el níquel, que en 2021 generó más de 788 millones de dólares para Cuba, sufrió una drástica caída en 2024, pasando a ocupar el tercer lugar entre las exportaciones con solo 88,6 millones de dólares.
Esta situación subraya la dependencia de la economía cubana de sus principales sectores de exportación y la vulnerabilidad ante presiones externas. La caída en la recaudación por concepto de níquel, una cifra que antes representaba una parte considerable del presupuesto nacional, se traduce en menos recursos disponibles para programas sociales y desarrollo.
Mientras La Habana continúa denunciando las sanciones como ilegales y aboga por una reforma del comercio internacional que priorice el desarrollo, Washington mantiene su postura de que estas medidas buscan impedir que las fuerzas armadas cubanas se beneficien de negocios internacionales. La discrepancia fundamental radica en la interpretación de la legitimidad de las sanciones y su impacto en el desarrollo de la isla, tal como se refleja en el debate dentro de la OMC.
La dinámica entre Cuba y Estados Unidos en el ámbito del comercio internacional sigue siendo un punto de tensión constante, donde las medidas unilaterales chocan con los principios de un sistema multilateral. La situación de Cuba, expuesta a estas sanciones, genera un debate más amplio sobre el papel de los organismos internacionales en la protección de los flujos comerciales frente a las políticas de presión de las grandes potencias.
Redacción asistida por Centauro IA , plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Lombao Estudios
Fuente: Diario de Cuba
La representación de Cuba ante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que vela por las reglas del comercio global, ha señalado a Estados Unidos por infringir el Derecho Internacional y las normativas del comercio multilateral. Esta denuncia se produce a raíz de la imposición de nuevas medidas restrictivas dirigidas contra el conglomerado militar GAESA y compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con el gobierno cubano.
José Ernesto Díaz Pérez, representante cubano ante la OMC, expresó su firme condena hacia las órdenes ejecutivas emitidas por la administración estadounidense, calificando estas acciones como 'nuevos actos de agresión contra el pueblo cubano'. Estas medidas impactan directamente en la economía de la isla, generando un clima de incertidumbre para las inversiones.
Durante su intervención, el diplomático cubano afirmó que el uso de la coerción con fines políticos representa una 'violación flagrante del Derecho Internacional'. Añadió que estas acciones no solo afectan a Cuba, sino que también repercuten negativamente en el sistema de comercio internacional, creando precedentes preocupantes para otras naciones.
Las acciones tomadas por Estados Unidos se enmarcan dentro de una estrategia de presión económica sobre sectores considerados clave para la economía cubana, como la energía, la minería, la defensa y los servicios financieros. El objetivo de Washington es reducir las fuentes de ingresos del gobierno cubano y, según su postura oficial, presionar para lograr cambios políticos en la isla.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aclarado que las sanciones no se aplicarán de manera automática a todas las empresas extranjeras que operan en Cuba. Sin embargo, advirtió que sí podrán ser objeto de penalización aquellas entidades vinculadas a actividades consideradas perjudiciales o que tengan una conexión directa con el aparato estatal cubano y GAESA, conforme a sus directrices publicadas en su sitio web.
La nueva normativa establece el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que las compañías extranjeras liquiden sus operaciones vinculadas con GAESA o empresas donde este conglomerado militar posea una participación significativa. Esto obliga a un reajuste considerable para aquellas empresas que tenían acuerdos comerciales de larga data.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la sanción directa impuesta a la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien preside GAESA desde el año 2022. Asimismo, se sancionó a Moa Nickel S.A., una empresa de gran importancia para el sector minero cubano, afectando su capacidad operativa y comercial.
El impacto económico de estas medidas ya se está manifestando de forma tangible, siendo la salida de la compañía canadiense Sherritt International un ejemplo notable. Sherritt ha sido un socio clave en la explotación de níquel y cobalto en Cuba, y su retiro representa un golpe significativo para la industria minera de la isla en los últimos tiempos.
El profesor Paolo Spadoni, especialista en economía cubana, comentó a Bloomberg que Estados Unidos 'ha hecho un trabajo increíblemente eficaz al atacar las fuentes de ingresos' del gobierno cubano. Señaló que el níquel, que en 2021 generó más de 788 millones de dólares para Cuba, sufrió una drástica caída en 2024, pasando a ocupar el tercer lugar entre las exportaciones con solo 88,6 millones de dólares.
Esta situación subraya la dependencia de la economía cubana de sus principales sectores de exportación y la vulnerabilidad ante presiones externas. La caída en la recaudación por concepto de níquel, una cifra que antes representaba una parte considerable del presupuesto nacional, se traduce en menos recursos disponibles para programas sociales y desarrollo.
Mientras La Habana continúa denunciando las sanciones como ilegales y aboga por una reforma del comercio internacional que priorice el desarrollo, Washington mantiene su postura de que estas medidas buscan impedir que las fuerzas armadas cubanas se beneficien de negocios internacionales. La discrepancia fundamental radica en la interpretación de la legitimidad de las sanciones y su impacto en el desarrollo de la isla, tal como se refleja en el debate dentro de la OMC.
La dinámica entre Cuba y Estados Unidos en el ámbito del comercio internacional sigue siendo un punto de tensión constante, donde las medidas unilaterales chocan con los principios de un sistema multilateral. La situación de Cuba, expuesta a estas sanciones, genera un debate más amplio sobre el papel de los organismos internacionales en la protección de los flujos comerciales frente a las políticas de presión de las grandes potencias.
Redacción asistida por Centauro IA , plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Lombao Estudios
Fuente: Diario de Cuba
