El tribunal especial de crímenes internacionales de Bangladés dictó el 17 de noviembre de 2025 una sentencia de muerte en ausencia contra la ex-primera ministra Sheik Hasina, por su responsabilidad en la violenta represión de un levantamiento estudiantil en 2024 que dejó cerca de 1.400 muertos, según estimaciones de la United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

El tribunal la declaró culpable de “incitación, orden de asesinatos y uso letal de drones, helicópteros y armas contra civiles” durante las protestas del denominado “movimiento de julio”, informó la agencia Agence France‑Presse (AFP) mediante la prensa local.

Hasina, quien huyó a India en agosto de 2024 tras ser derrocada luego de quince años en el poder, calificó el fallo como “políticamente motivado” y aseguró que no recibió “un juicio justo”.

La sentencia también alcanza al exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, quien fue condenado igualmente a muerte, mientras otro exjefe policial recibió una pena de cinco años por cooperación con la justicia.

En Daca, la reacción fue inmediata y tensa: fuentes policiales registraron explosiones y disturbios cerca del tribunal, mientras partidarios y detractores de Hasina se enfrentaban en las calles.

El gobierno interino promueve que la sentencia es una señal de justicia para las víctimas de la represión; sin embargo, organismos como Human Rights Watch han expresado preocupaciones sobre la imparcialidad del tribunal y subrayan que “la pena capital no respeta estándares internacionales de derechos humanos”.

Bangladés se encamina a elecciones generales en febrero de 2026 en un clima de polarización creciente. La exclusión del partido de Hasina, la Awami League, y la tensión judicial y política plantean interrogantes sobre el proceso democrático y la estabilidad en el país.

Foto: BBC