Sustracciones en la red eléctrica paralizan 91 transformadores en Matanzas

Transformador eléctrico en un poste de tendido eléctrico en Cuba.
Imagen tomada de Cuba Noticias 360
La sustracción sistemática de aceite dieléctrico en Matanzas ha dejado 91 transformadores fuera de servicio, provocando apagones prolongados en diversas localidades. Esta práctica, que afecta el suministro eléctrico cotidiano de los ciudadanos, es investigada actualmente por las autoridades como un acto de sabotaje contra la infraestructura provincial.

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La provincia de Matanzas enfrenta serios desafíos energéticos debido a constantes robos en su infraestructura eléctrica. Alejandro Rodríguez Azpeitia, director de la Empresa Eléctrica Provincial, informó sobre la pérdida de 55 000 litros de aceite dieléctrico. Esta cantidad es suficiente para llenar el tanque de combustible de unos 1 100 automóviles compactos promedio, dejando fuera de servicio a 91 transformadores.

Según reportes de Radio 26, el territorio matancero concentra cerca del 60 por ciento de los hurtos registrados en el país. Se han contabilizado más de 70 hechos delictivos que afectan directamente el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Los especialistas explican que el aceite es vital para enfriar y aislar los equipos eléctricos internos.

Al extraer el líquido, los equipos sufren cortocircuitos que los inutilizan por completo, dejando a cientos de familias sin servicio. Esta situación se suma a las dificultades de generación y prolonga los apagones por semanas o meses. Puede consultar detalles técnicos sobre la gestión de infraestructura en el sitio oficial de la Unión Eléctrica.

En la localidad de Carbonera, los residentes padecen la falta de suministro eléctrico desde hace más de tres meses. También existen afectaciones graves en subestaciones de Cárdenas, Salé, Perico, La Línea, La Campana y Agramonte. Incluso, el robo en una base de taxis dejó inhabilitados 13 triciclos eléctricos destinados al transporte de pasajeros.

Los delincuentes venden el aceite en el mercado informal para usarlo como sustituto del diésel en maquinaria agrícola. El precio de venta alcanza cifras elevadas que incentivan este tipo de delitos contra los bienes públicos. Para combatir esta tendencia, el Ministerio de Energía y Minas ha reforzado la vigilancia en las instalaciones según sus normativas disponibles en su portal web.

El Tribunal Supremo Popular emitió el Dictamen 475/2025 para sancionar estos hechos como sabotaje bajo leyes del siglo XXI. Recientemente, un ciudadano fue sentenciado a 10 años de cárcel por sustraer 40 litros de aceite en Jovellanos. La Fiscalía General de la República actualmente prepara otros 14 expedientes penales adicionales.

Entre el año 2025 y la primera mitad del 2026, las autoridades han iniciado más de 460 investigaciones por delitos eléctricos. Estas acciones legales abarcan figuras como el sabotaje, el hurto y la receptación de materiales del Estado. Es una cantidad enorme de expedientes, comparable al volumen de casos que un tribunal de provincia grande procesa en un año entero.

La persistencia de estos delitos evidencia la vulnerabilidad de una red eléctrica ya presionada por diversas causas técnicas y económicas. Las medidas legales buscan disuadir estas prácticas que deterioran la calidad de vida de toda la población matancera. La recuperación de esta infraestructura es clave para restablecer la estabilidad del servicio en el corto plazo.

Preguntas Relevantes:

¿Cuál es el impacto técnico y social que ha provocado la sustracción de aceite dieléctrico en los transformadores de Matanzas?

La extracción del líquido provoca cortocircuitos que inutilizan los equipos, dejando a 91 transformadores fuera de servicio. Esto afecta a cientos de familias, prolongando los apagones por semanas o meses, especialmente en localidades como Carbonera, Cárdenas y Perico.

¿Por qué existe un mercado ilícito para el aceite dieléctrico extraído de la infraestructura eléctrica cubana?

El aceite es comercializado en el mercado informal debido a su alta demanda como sustituto del diésel para el funcionamiento de maquinaria agrícola. Su elevado precio de venta incentiva a los delincuentes a cometer estos actos contra los bienes públicos.

¿Qué medidas legales han adoptado las autoridades frente a la persistencia de estos delitos contra el sistema eléctrico?

El Tribunal Supremo Popular dictaminó sancionar estos hechos como sabotaje, con penas que alcanzan los 10 años de cárcel, como ocurrió en un caso reciente en Jovellanos. Actualmente, la Fiscalía General de la República gestiona 14 expedientes adicionales y se han iniciado más de 460 investigaciones desde 2025.

Redacción asistida por Centauro IA , plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Lombao Estudios

Fuente: Cuba Noticias 360

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