El Departamento de Justicia de Estados Unidos añadió el martes una cláusula adicional al acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para resolver su demanda de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), en la que se establece que el Gobierno federal queda "prohibido para siempre" de investigar asuntos fiscales pasados del mandatario, su familia y sus empresas.

Los términos adicionales, informados primero por Politico, se publicaron discretamente en un hipervínculo dentro del comunicado de prensa del lunes. El acuerdo original creaba un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a personas u organizaciones que, según la administración, fueron "utilizadas como arma" por administraciones anteriores, un fondo que se espera beneficie a aliados de Trump, incluidos algunos acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La nueva cláusula: protección fiscal permanente

Según el documento firmado por el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, el Gobierno queda "PROHIBIDO PARA SIEMPRE y EXCLUIDO" de procesar o perseguir "reclamos" o "exámenes" derivados de asuntos fiscales pendientes ante el IRS, incluidas las declaraciones de impuestos presentadas por Trump antes del acuerdo. La protección se extiende a su familia, fideicomisos, empresas y otros afiliados.

Un portavoz del Departamento de Justicia señaló a CNN que el acuerdo no impediría una auditoría sobre declaraciones de impuestos presentadas después de la fecha del acuerdo. "Tendría poco sentido resolver varios reclamos significativos si cualquiera de las partes pudiera simplemente darse la vuelta y tratar de iniciar más reclamos adversos que podrían haberse perseguido previamente", argumentó la portavoz Natalie Baldassarre.

Críticas de la oposición

El representante demócrata Richard Neal, miembro principal de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, calificó el acuerdo como un acto de "corrupción". "Trump ha convertido al Gobierno federal en su propio sistema de protección personal al asegurarse de que sus impuestos, los de su familia y sus empresas queden permanentemente fuera de límites", escribió Neal en redes sociales.

Altos funcionarios han defendido el fondo contra la instrumentalización. Blanche, quien firmó el nuevo anexo pero no el acuerdo original, declaró ante el Congreso que el presidente y sus entidades acordaron no solicitar pagos a través del fondo. El fiscal general adjunto asociado, Stanley Woodward, afirmó que es "demasiado pronto para apresurarse a emitir un juicio" sobre el fondo y se comprometió a no aprobar acuerdos que involucren a sus antiguos clientes.

(Con información de CNN)