Un juez federal de Rhode Island anuló las políticas que la administración de Donald Trump había implementado para suspender el asilo y frenar trámites migratorios de personas provenientes de 39 países. El magistrado John J. McConnell Jr. determinó que las medidas dejaron a miles de inmigrantes en un limbo legal, sin empleo y sin capacidad para regularizar su situación.

En una opinión de 135 páginas, el juez sostuvo que las personas afectadas llevaban más de seis meses sin estatus legal, a pesar de haber presentado la documentación correspondiente, pagado las tasas requeridas, sometido a tomas de datos biométricos y asistido a entrevistas presenciales.

Argumentos del fallo

McConnell invalidó las medidas promulgadas el año pasado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Según el fallo, la agencia "reclama autoridad estatutaria y regulatoria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe ofrecer; actúa sin considerar los intereses de quienes dependen del trámite; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de 'seguridad nacional' que enmascaran sentimientos antiinmigrantes".

Las políticas suspendieron de forma global las solicitudes de asilo presentadas ante USCIS y paralizaron expedientes de beneficios migratorios de personas procedentes de los países alcanzados por la prohibición de viaje. Esto impidió que los afectados accedieran a la residencia permanente, la ciudadanía y otros beneficios.

Suspensión parcial en marzo

En marzo, USCIS levantó parcialmente el freno a las decisiones de asilo para la mayoría de las nacionalidades, pero mantuvo el bloqueo para los ciudadanos de los 39 países vinculados a la prohibición de viaje.

McConnell escribió que las medidas para excluir del sistema migratorio a solicitantes de asilo elegibles y negar permisos de trabajo temporales habían vuelto casi imposible que una parte amplia de esa población pudiera permanecer en Estados Unidos. "La restricción puso en suspenso la vida de innumerables personas, simplemente por el hecho de ser de su país de origen", afirmó.

Reacciones

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, la organización legal que ayudó a representar a los demandantes, celebró la decisión: "Este fallo reafirma un principio: el gobierno federal no puede cerrar las vías de inmigración legales ni discriminar a las personas por su origen".

Desde el gobierno, James Percival, asesor legal general del Departamento de Seguridad Nacional, cuestionó el razonamiento del juez y criticó que se utilice la atribución de "animadversión" como motivación para invalidar decisiones de la administración.

(Con información de Infobae)