El partido político Vox ha solicitado la revisión de oficio y la suspensión cautelar de una instrucción del Ministerio de Justicia que, según denuncia, permitiría otorgar la nacionalidad española a descendientes de emigrantes que salieron de España en el siglo XIX. La formación considera que la norma amplía de manera indebida el alcance de la Ley de Memoria Democrática.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, anunció este lunes en rueda de prensa que el partido ha pedido la nulidad de pleno derecho de la instrucción firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, y publicada en octubre de 2022. Según Vox, este documento "va a ampliar la concesión de la nacionalidad española hasta los descendientes de la emigración española del siglo XIX".

Fúster defendió que "una instrucción administrativa no puede modificar una ley aprobada por las Cortes" y alertó de que su aplicación podría convertir la Ley de Memoria Democrática en "una salvaje ley sin garantía alguna". "Una instrucción interna no puede crear nuevos beneficiarios, no puede incluir excepciones no previstas por el legislador ni alterar la naturaleza jurídica de la nacionalidad española", afirmó.

La nacionalidad como "cuerpo político de la nación"

El portavoz de Vox vinculó esta instrucción con las denuncias de su formación sobre el uso de recursos administrativos para alterar el equilibrio democrático en España. "La nacionalidad es lo más serio porque define quién forma parte del cuerpo político de una nación y, por tanto, decide el futuro de España", argumentó Fúster.

En este contexto, el dirigente de Vox ha relacionado esta instrucción con los "robos por parte de la izquierda de la voluntad de los españoles en las urnas" que viene denunciando el líder del partido, Santiago Abascal. "Estamos advirtiendo de una amenaza que ya no se puede ocultar, que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando todos los resortes del poder para alterar el cuerpo político de la nación española", insistió.

El marco de la Ley de Memoria Democrática

La instrucción cuestionada por Vox se enmarca en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió la puerta a la nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo. El partido ya recurrió esa ley ante el Tribunal Constitucional y ahora amplía su ofensiva legal contra lo que considera una interpretación extensiva de la norma.

Vox argumenta que "los efectos pueden ser muy difíciles de revertir" y que "afectan directamente a la estabilidad democrática de España", por lo que ha solicitado la suspensión cautelar de la instrucción mientras se resuelve el recurso.

(Con información de Europa Press)